RADIOGRAFIA DEL NARCOTRAFICO EN MEXICO.

En “guerra” contra el narcotráfico, tasa de homicidios aumentó más del 260% entre 2007 y 2010

BenjiM@r

 

Camila Queiroz

Periodista de ADITAL

Adital

Además de no conseguir reducir la violencia, la guerra contra el narcotráfico, declarada en 2006 por el presidente Felipe Calderón, hizo que México tuviera un aumento "drástico" de violaciones graves a los derechos humanos, casi nunca investigadas. La denuncia consta en el informe Ni Seguridad, Ni Derechos: Ejecuciones, desapariciones forzadas y tortura en la "guerra contra el narcotráfico” de México, de Human Rights Watch, publicado a comienzos de este mes.

El documento afirma que en los cinco estados investigados –Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco– hay fuertes evidencias de que las fuerzas de seguridad participaron en más de 170 casos de tortura, 39 desapariciones y 24 ejecuciones extrajudiciales desde diciembre de 2006.

Con 229 páginas, el trabajo es fruto de la investigación realizada mediante 200 entrevistas a víctimas y autoridades, 60 pedidos de información pública y el examen de estadísticas oficiales.

"La tasa de homicidios aumentó más del 260 por ciento entre 2007 y 2010. El gobierno estima que hubo casi 35.000 muertes relacionadas con la delincuencia organizada entre diciembre de 2006 y fines de 2010, incluido un aumento drástico cada año: pasó de 2.826 muertes en 2007 a 15.273 en 2010. En lo que va de 2011, la prensa mexicana informó sobre más de 11.000 muertes vinculadas con el narcotráfico”, se presenta.

En el informe se señala que la raíz del problema está en la elección del ejército mexicano –que tiene un extenso historial de violaciones– para combatir al narcotráfico. Actualmente, más de 50 mil soldados están involucrados y asumieron el papel de la policía y del Ministerio Público –patrullar zonas, intervenir cuando hay enfrentamientos armados, investigar delitos y obtener datos de inteligencia sobre organizaciones delictivas.

De acuerdo con el documento, existe un patrón en las violaciones de derechos humanos que sugiere que no son hechos aislados, sino "ejemplos de prácticas abusivas que son endémicas en la actual estrategia de seguridad pública".

Hay inclusive un patrón de víctimas –hombres jóvenes, de origen humilde o de la clase trabajadora. Según Human Rights Watch, muchos tenían familia e hijos pequeños y eran de diferentes profesiones –taxistas, mecánicos, empleados de fábricas y trabajadores de la construcción. Las víctimas afirmaron no tener vinculaciones con el narcotráfico cuando fueron acusadas.

Además, las autoridades no disponían de pruebas independientes que corroboraran las declaraciones de culpa obtenidas mediante tortura u otros abusos. A pesar de todo, el presidente Calderón declaró públicamente que el 90% de las víctimas eran delincuentes, un discurso replicado por otras autoridades para legitimar la impunidad.

En el análisis de Human Rights Watch, uno de los principales motivos de los altos índices de impunidad es el hecho de que los soldados son sometidos a la jurisdicción militar, una instancia señalada como parcial por la Suprema Corte de Justicia de México y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) –estos órganos ya expresaron que los abusos deben ser investigados en jurisdicción penal ordinaria.

"Entre 2007 y abril de 2011 los agentes del Ministerio Público militar iniciaron 1.615 investigaciones sobre delitos presuntamente cometidos por soldados contra civiles. Ni un sólo soldado ha sido condenado en estos casos”, se enfatiza.

Otras autoridades también hacen "vista gorda”. Según el informe, los agentes del Ministerio Público Civil no adoptan medidas básicas –entrevistar testigos clave, visitar la escena del delito– para investigar denuncias de violaciones practicadas por policías y demás funcionarios civiles.

Human Rights Watch afirma además haber comprobado que muchos funcionarios judiciales participaron de violaciones de derechos humanos. "Entre ellos se incluyen jueces que admiten pruebas conseguidas posiblemente mediante tortura, agentes del Ministerio Público que obtienen ‘confesiones' de acusados que son mantenidos incomunicados en bases militares, y peritos médicos que omiten o minimizan lesiones cuando examinan a los detenidos”, se revela.