Antimotines desalojan ingreso de proyecto minero en La Puya

Viernes 07 de Diciembre de 2012 13:52

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Un nutrido grupo de elementos de las Fuerzas Especiales Policiales (FEP) desalojaron esta mañana a los vecinos de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, que permanecían en resistencia en la aldea La Puya, para evitar que la empresa minera Progreso VII Derivada, El Tambor, ingresara a operar; tres personas –entre ellos dos niños- resultaron intoxicados, mientras que cuatro personas fueron detenidas.

POR MARIELA CASTAÑÓN mcastanon@lahora.com.gt

 

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A las 06:15 horas ingresaron decenas de autopatrullas con elementos policíacos, para desalojar a los pobladores que pernoctaban en el lugar –eran alrededor de 15 en ese momento-, aunque llegaron sin orden de juez, argumentaron que el desalojo se realizaría por obstaculizar la vía pública.

Entre los pobladores que intentaban evitar el ingreso de los antimotines, se encontraban cuatro líderes comunitarios, que fueron detenidos, según la Policía Nacional Civil (PNC), bajo los cargos de obstaculización en la vía pública y alteración al orden público.

 Los aprehendidos fueron identificados como Isabel Muralles, Milton Carrera, Tomás Aquino, Ismael Oliva.  Tras las detenciones, decenas de pobladores empezaron a arribar por veredas al lugar del conflicto, debido a que las fuerzas de seguridad les impedían el ingreso por la entrada principal.

Los Bomberos Voluntarios, atendieron a tres personas, entre ellos los niños Elva Carolina Santos Véliz, de 10 años, con síntomas de intoxicación; Sara Abigaíl Oliva Reyes, 4, con dificultades respiratorias; Enma Véliz, 38, con hipertensión, intoxicación y taquicardia.

EN EL SUELO
Ante lo sucedido los vecinos se tiraron al suelo con mascarillas –para evadir los efectos del gas lacrimógeno-, con oraciones y cantos religiosos evitaban escuchar la advertencia de Telémaco Pérez, subdirector de Operaciones de la PNC, quien anunciaba que serían desalojados.

A medida que pasaba el tiempo, las fuerzas de seguridad avanzaban, mientras que más pobladores llegaban para acuerpar la manifestación pacífica.

A las 09:15 aproximadamente, arribó el Juez de Paz de San José del Golfo, Víctor Manuel Escribá, debido a que Álvaro Sandoval, uno de los vecinos, solicitó un recurso de exhibición personal, para que se verificara si existía obstaculización en la vía pública y si había personas retenidas.

El juez indicó que documentaría lo sucedido y que emitiría su resolución en las próximas horas, a ambas partes –pobladores y a la abogada del Ministerio de Gobernación (Mingob) Elizabeth López- les recomendó entablar una mesa de diálogo, pues la situación estaba muy tensa.

PDH INTERVIENE
Tras varias horas de tensión, finalmente intervinieron delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH),  representantes de las Brigadas de Paz Internacional, de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Undefegua) y Daniel Pascual del Comité de Unidad Campesina (CUC), quienes mediaron en la situación.

Por aparte, el viceministro de Seguridad, Edy Juárez Prera, indicó que buscaban entablar una mesa de diálogo, sin embargo, dijo que la empresa minera contaba con la autorización para operar.

“Estamos en cumplimiento de las instrucciones superiores para dar viabilidad a que una empresa que está con todas las licencias y autorizaciones, operando legalmente, pueda continuar con su labor, la empresa ha tenido el obstáculo de poder seguir laborando, durante más de 13 meses por un grupo de vecinos que se oponen”, refirió.

Los pobladores por su parte, siguen sosteniendo, que su oposición responde a que están a favor de la “vida y el agua”.  Argumentan que la minera perjudicará los recursos naturales que les pertenecen.

GOBERNACIÓN
A cumplir con la ley

El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, dijo que el desalojo en La Puya “es una decisión de gobierno (…) es cumplir con la ley”.

Según indicó el funcionario, la empresa cumplió con todos los requisitos que establece la Ley, “que atendió una convocatoria del Gobierno desde el expresidente Oscar Berger, para venir a invertir a Guatemala”.

De acuerdo con López Bonilla, luego de que la empresa iniciara la explotación, “tres meses después fueron detenidos por la actividad de unas organizaciones y obviamente de algunas personas de la comunidad”.

Guatemala, como Estado, “tiene el compromiso de cumplir con su ordenamiento jurídico y términos contractuales; es imposible que se esté convocando a la inversión nacional e internacional de parte del gobierno, si no somos capaces de cumplir con los compromisos establecidos a través de la ley”.

A decir de López Bonilla, hubo diálogo previo antes del desalojo, “pero hay grupos radicales que lo único que quieren es imponer sus condiciones”. El gobierno no aceptaría esa postura.

“Esto no es un juego”, dijo el funcionario, porque el país debe cumplir con sus compromisos y su Ley,  “y la intervención que estamos haciendo es para garantizar que se reanuden las operaciones de la minera”.

López Bonilla aseveró que los manifestantes tratan de manipular a la autoridad poniendo niños y ancianos por delante para no ser desalojados, pero que los elementos de seguridad seguirían protocolos para cada caso.